Siguiendo con la línea de la entrada anterior, considero que la verdadera crisis de nuestra democracia tiene como causa principal un elemento infravalorado: la crisis del periodismo. La información ya no es un negocio, el dinero está en la opinión. El mercado se ha adaptado a los sesgos del público, un atajo al ingreso a corto plazo que hipoteca su futuro y su función, porque el periodismo siempre es un trabajo que renta en democracia, fruto de su interdependencia. Existen jóvenes periódicos, nativos digitales, que lo demuestran. Pero sobre todo la presión partidista hace insufrible el trabajo periodístico, dificultando su principal función: la búsqueda de la verdad. Estoy convencido de que hay una gran demanda de verdad, pero estaría lejos de poder captar publicidad institucional, porque la mayor parte de la clase política quiere que los medios difundan su propaganda. La casi indispensable publicidad institucional está sometida a una perniciosa discrecionalidad y debería estar sujeta a una función matemática, dejando sin margen a las administraciones sobre los criterios de adjudicación.

Aquí es donde radica la necesidad de los medios de comunicación públicos. Yo no debo decir a un medio privado lo que debe hacer o si su línea editorial debe invadir todos sus espacios de emisión. Pero hay que atender el derecho constitucional a la información. Y aquí es donde siguiendo lo defendido por Mark Thompson en Sin palabras, cobran más sentido que nunca los medios de información públicos. Es discutible si hace falta un realitie en la televisión pública, pero creo que pocas veces ha habido más necesidad de periodismo, sin adjetivos.

La parasitación de los partidos políticos ha alcanzado cotas inéditas, han invadido el Ejecutivo, el Legislativo y ahora miran de forma voraz el Judicial. El Parlamento ha sido desplazado recientemente de su competencias en funciones elementales: los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el consejo de Administración y la presidencia de RTVE, no han sido negociados en las salas, numerosas y bien equipadas, del Congreso de los diputados, no, se han negociado en Génova y en Ferraz. Es más, las reuniones han sido entre el ministro de Presidencia del Gobierno, que no tiene cargo alguno en el Congreso y el secretario General del Partido Popular, con rango menor en la Cámara Baja.

Nuestros impuestos deben pagar una alternativa a la propaganda. Para eso necesitamos que los medios públicos sean absolutamente independientes. Que la ley prohíba a los partidos meter mano en RTVE y en los demás medios de titularidad pública es urgente. Este análisis puede parecer exagerado, pero piense una cosa, todas las distopías que he leído en literatura de ciencia ficción advierten de un mal: el control respecto a la verdad y cómo es el Estado quien la fabrica. Los grandes maestros del género, Orwell, Bradbury o Huxley, pensaron en el Ministerio de la Verdad, realities televisivos o la ingesta de drogas como el Soma. Pero los genios de la ciencia ficción no predijeron sobre la peor forma de todas para evitar que la gente sea incapaz de saber lo que sucede: que la verdad sea indistinguible de la mentira.